La Corte falló, el Gobierno acata. Sigamos cambiando

La Corte Suprema ha emitido su esperado fallo en torno a los incrementos tarifarios del gas. En un pronunciamiento unánime, sostuvo que no podía soslayarse la celebración de audiencias públicas previas a la determinación de tales aumentos. En base a ese criterio, confirmó la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que habían dispuesto esas medidas, pero circunscribió su sentencia al caso de los usuarios residenciales, por entender que solo respecto de ellos era procedente el empleo de un proceso colectivo en este caso.

El máximo tribunal recordó, además, su tradicional doctrina en cuanto a que la fijación de las tarifas le corresponde al poder administrador, no a los jueces, si bien estos tienen la atribución de controlar la legalidad y razonabilidad de esas decisiones.

El gobierno nacional había mantenido otra interpretación sobre la obligatoriedad de las audiencias en esta específica situación, pero a través del Jefe de Gabinete, el ministro del área y el ministro de Justicia, en conferencia de prensa, declaró que acatará el fallo y convocará a una audiencia pública que se celebrará en tres semanas. El giro es copernicano con relación a las reacciones que ante resoluciones judiciales con las que discrepaba tenía el gobierno anterior. Aquí no se levantó la voz, no se habló de “Partido Judicial”, no se echaron a rodar dudas sobre la honorabilidad de los magistrados, ni se envió a Hebe de Bonafini a llamar a la toma del Palacio de Justicia.

Es, simplemente, el juego normal de la división de poderes. Respetar un fallo no significa necesariamente compartirlo; es reconocer que quien lo dictó tiene competencia para hacerlo y que los otros poderes deben cumplirlo. Del mismo modo, muchos jueces deberán entender que también se viola la división de poderes cuando ellos se entrometen en cuestiones de índole política y legislan desde sus estrados.

El gobierno nacional hará ahora lo que le toca. Cumplido el procedimiento de las audiencias públicas, se determinará un nuevo esquema tarifario. Lo importante es que todos comprendan que la Argentina vive una crisis energética que no se gestó en estos ocho meses, sino en los doce años anteriores. Solo la aceptación de la realidad nos permitirá salir del atolladero y volver a tener energía suficiente para nuestros hogares y para nuestras industrias y comercios. Es una cuestión estratégica, en la que los jueces pueden ejercer su rol moderador, pero que compete fundamentalmente a los poderes políticos, porque es esencialmente política.

La electricidad y el gas no aparecen mágicamente por la invocación de preceptos jurídicos. Requieren inversión y no habrá inversión sin precios razonables. Nadie nos va a salvar más que nosotros mismos. El incremento tarifario es inevitable y la gran mayoría de los argentinos lo entiende y lo acepta. Hay que preservar a los más vulnerables, lo que se logra con la tarifa social. Los otros debemos acostumbrarnos a que está muy mal, es injusto y reaccionario, que nos subsidien los pobres con inflación.

Viernes 19 de agosto de 2016

Dr. Jorge R. Enríquez
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