Un arreglo imprescindible para el despegue de la Agentina

Todos recordamos la escena: el presidente Adolfo Rodríguez Saá, en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, en los caldeados días de fin de diciembre de 2001, declaró la cesación de pagos (default) de la deuda externa de nuestro país. El anuncio fue coronado por una estruendosa ovación.

Pasaron algunos años, la Argentina empezó a salir de la crisis, el contexto internacional se tornó favorable y el presidente Néstor Kirchner hizo una oferta a los acreedores. Pese a que tenía una importante quita, un alto porcentaje aceptó canjear sus bonos "defaulteados" por nuevos bonos.

El problema, que entonces fue subestimado no solo por el gobierno sino por buena parte de la oposición, fue que, aunque bastante minoritaria, una parte de los acreedores rechazó ese canje y decidió litigar contra la Argentina para que se le restituyera el monto total comprometido originalmente.

El tema, en un ámbito nacional, se hubiera resuelto por aplicación de la ley de concursos y quiebras. Superado cierto porcentaje de aceptación de la oferta, el resto de los acreedores queda vinculado a ella, aunque no le guste. Pero en el ámbito de las llamadas "deudas soberanas", es decir, las deudas de los países, no existen hasta el momento procedimientos de ese tipo ni instituciones que tengan las atribuciones para ponerlos en práctica, salvo que los propios títulos públicos así lo prevean.

Los acreedores que rechazaron la oferta, los "holdouts", entablaron juicio contra la Argentina en la jurisdicción fijada por nuestro país en los bonos, la de Nueva York, que correspondió al ahora famoso juez Griesa.

Con el correr del tiempo, buena parte de esos bonos fueron adquiridos por grandes fondos de inversión, que los compraron baratísimos. No se trató de ningún fraude. Simplemente, de un negocio en que cada parte evaluó su conveniencia: los tenedores de bonos cobrarían algo, aunque fuera muy poco, y se librarían de largos y costosos juicios con final incierto; los fondos de inversión (que por alimentarse de esa manera son conocidos como fondos buitres) tenían espaldas anchas para soportar tiempos y costos, y aceptaron correr el riesgo.

Griesa llevó el asunto con lentitud, procurando que la Argentina lo resolviera amigablemente, sin tener que emitir una sentencia. Pero Cristina Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, en lugar de intentar persuadir al tribunal, se ocuparon de hostigarlo. Más aún, anticiparon que no cumplirían una sentencia adversa.

Tal conducta absurda -increíble, además, en una sedicente "abogada exitosa"- precipitó el juicio. El Estado argentino perdió en toda la línea y sus recursos fueron rechazados. La Corte Suprema, última instancia, no aceptó tratar el caso, por lo que el fallo quedó firme.

La reacción del gobierno argentino fue decir que solo pagaría lo que estimara justo, que era lo mismo que decir que no cumpliría el fallo. Si de las sentencias adversas solo cumplimos lo que nos parece razonable (que puede ser nada), estamos desconociendo la existencia y autoridad de los tribunales.

ALEA JACTA EST

De nada vale llorar sobre la deuda derramada. Hay que afrontar el problema con realismo, en el marco de las opciones que efectivamente existen, no de nuestras ensoñaciones. Se argumenta que no habría que pagarles a los "buitres" más que lo que ellos pagaron por los bonos. Es un debate teóricamente interesante, que se dio en los albores de los Estados Unidos, pero que ignora dos factores:

1) el deudor está obligado a pagar aquello a lo que se comprometió; si el acreedor cedió el crédito, el nuevo acreedor se coloca en la misma posición que el original;

2) en cualquier caso, la discusión ya carece de sentido porque existe una sentencia firme del tribunal elegido por nuestro país.

En consecuencia, solo hay dos opciones: pagar (con alguna quita consentida por los holdouts) o no pagar. La segunda opción implicaría profundizar nuestro actual estado de aislamiento internacional y la falta de acceso al crédito y a las inversiones. La primera, que es la que con celeridad y buen criterio negoció el gobierno argentino, permitirá, en un plazo razonable, terminar con esa situación y sentar las bases del desarrollo.

Claro que sería mejor no tener que pagar nada. Pero en materia económica uno puede hacer cualquier cosa, menos evadirse de las consecuencias de sus actos. Quienes le reprochan al ministro Alfonso Prat Gay y al presidente Mauricio Macri que se entregan a los buitres y al imperialismo, parecieran ignorar esa verdad irrefutable. Hablan como adolescentes en una tribuna estudiantil, no como estadistas.

Señala el economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces:

"Por cada 100 dólares que debíamos en 2001, hoy debemos mucho más que 100. La deuda inicial fue creciendo por los intereses no pagados desde 2001 y por la pena por mora sobre esos intereses impagos. Si yo le debía a alguien una vaca en 2001, ahora no le debo una vaca: le debo la vaca original, más todos los terneros que tuvo desde 2001, más la leche que dio en estos 15 años, más una pena por mora. Así lo establecen los contratos que rigen nuestros bonos. La Argentina hizo default sobre 150 bonos, y cada bono es un contrato independiente, con su propia fracción de holdouts. En un trabajo reciente con Tim Samples, profesor de derecho de la Universidad de Georgia, estudiamos el valor a hoy de los siete bonos con más holdouts. Por cada 100 dólares de deuda original, hoy se deben entre 256 y 419 dólares, dependiendo del momento en que el acreedor haya obtenido sentencia. Fue el costo de no cerrar el problema a tiempo.

¿Lo que ahora ofrece Mauricio Macri es mucho más que lo que le costó a la Argentina lo que ofreció Néstor Kirchner? Por una deuda original de 100 dólares a diciembre de 2001, en 2005 se ofreció un paquete de bonos y cupones PBI que en ese momento valía 37 dólares. Pero ese paquete le costó muy caro a la Argentina, porque los cupones no valían casi nada en 2005, pero hubo que pagar mucho por ellos y todavía deberemos seguir pagando más aún hasta 2035. Por ejemplo, el cupón PBI en dólares ha tenido un rendimiento muy superior a la acción de Apple, el arquetipo del éxito, la innovación y la rentabilidad capitalista de esta década. Sí: los Kirchner les dieron a los tenedores del cupón PBI más de lo que Steve Jobs les dio a los accionistas de Apple!"

En síntesis, es hora de asumir con responsabilidad la realidad tal cual es. La Argentina debe recuperar su prestigio, su confiabilidad, su crédito. Es la condición necesaria para todo lo demás.

Si, lo que parece improbable, el acuerdo fuera rechazado por el Congreso, que debe derogar la ley cerrojo y la de pago soberano para que ese entendimiento se perfeccione, quienes por miopía o por torpes intereses mezquinos contribuyan a esa funesta decisión deberán cargar con la responsabilidad de nuevas frustraciones, que habrán de postergar otra vez el lanzamiento de una Argentina de paz, de progreso y de equidad.

Viernes 11 de marzo de 2016

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