Otro intento de manipular la justicia

El fracaso de la "democratización de la justicia" (en buena medida por el fallo de la Corte Suprema en el caso "Rizzo", que declaró la inconstitucionalidad de la parte sustancial de la ley de reforma al Consejo de la Magistratura) y el casi seguro rechazo del pliego de Roberto Carlés, han generado la expectativa de que el kirchnerismo  podría intentar ampliar el número de miembros de la Corte Suprema.

Así como para designar a un juez del alto tribunal, se requiere, luego de la propuesta del Poder Ejecutivo, una mayoría de dos tercios de los presentes del Senado, el número de integrantes de ese cuerpo se determina por mayoría simple del Congreso.

A lo largo de su historia, iniciada en 1863, la Corte tuvo distintos números de miembros, pero por lo general ha estado conformada por cinco ministros.

No hay ningún número mágico. Pueden ser 5,  7, 9.  No es conveniente que sean muchos, porque a diferencia de lo que puede parecer a primera vista, más jueces implican más lentitud en las resoluciones.

Cuando Carlos Menem hizo aumentar entre gallos y medianoche el número de jueces de 5 a 9, se alegó también que era para darle más agilidad al tribunal. Pero eso sólo se hubiera conseguido si la Corte se dividía en salas, lo que es de dudosa constitucionalidad. Sin esa división, es claro que el único propósito fue crear una Corte adicta.

En el caso actual, el tema sería aún más absurdo, ya que la composición vigente de la Corte viene de una ley basada en un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner que redujo el número de miembros. Por eso, que el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández haya dicho que el "gobierno" no tiene en agenda ese incremento, no es una negativa categórica, ya que se especula que para evitarle a la señora de Kirchner el costo de esa contradicción, el proyecto podría ser presentado por un legislador oficialista.

De todas formas, a los Kirchner nunca les molestaron mucho las contradicciones. En todo caso, si una iniciativa así se presenta será porque fue ordenada por la presidente. Si se llegara ampliar la Corte, pero el oficialismo no tuviera los números en el Senado para designar a los nuevos miembros, se generaría una situación conflictiva si se pretendiera incluir en el tribunal a los conjueces, designados a gusto y piacere de Cristina Kirchner.

La Corte Suprema, que es la última intérprete de la Constitución, no debería ser objeto de tantas manipulaciones. Lamentablemente, lo ha sido desde el funesto juicio político que se le practicó al alto tribunal en 1947, durante la primera presidencia de Juan Perón. Se conformó entonces una Corte adicta al Poder Ejecutivo, sentando un precedente que – salvo honrosas excepciones- ha sido la regla en nuestro país.

Necesitamos tribunales que se vayan renovando naturalmente, no mediante manotazos del poder político. Los cambios abruptos, dirigidos a darle una determinada impronta, mellan su prestigio y la confianza pública que deben merecer. Los daños que ello ocasiona a la seguridad jurídica son enormes.

Mientras no entendamos la íntima relación entre esos daños y la calidad de vida de los argentinos, no habremos empezado a salir del pozo.

Viernes 17 de abril de 2015

Dr. Jorge R. Enríquez
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