Es imperativo recuperar la confianza en la Justicia Federal

Existen distintos modelos de justicia en el mundo. Hay jueces vitalicios y jueces que cumplen su función por un período determinado. Hay jueces designados por órganos políticos y jueces designados por los propios estamentos judiciales. Hay, asimismo, diversos mecanismos de remoción.

Todos esos esquemas son válidos y pueden ser considerados dentro del gran marco del constitucionalismo en la medida en que los jueces tengan garantizada su independencia.

La independencia judicial no es un devaneo de académicos ni una bolilla del programa de Derecho Constitucional: es el reaseguro último de una república.

De nada valdría contar con las constituciones más avanzadas y las leyes más perfectas si su interpretación y su aplicación estuviera en manos de jueces venales o enteramente subordinados al poder político. Esto es así para los jueces en general, pero es más importante cuanto mayor sea la jerarquía de los tribunales. Y en los países, hoy mayoritarios en el campo de las democracias occidentales, en que el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales, mucho más.

Por eso, un ex presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Charles Evan Hughes, pudo afirmar: "Vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es". Y el presidente norteamericano Woodrow Wilson señaló: "La Corte Suprema es una Convención Constituyente en asamblea permanente".

Son, claro, exageraciones, porque los jueces no deben hacer ni la Constitución ni las leyes, pero indican la enorme importancia que tienen los jueces en una república. De ahí que su independencia sea crucial.

Hablamos de jueces de la ley, no de jueces del poder. De jueces que pueden y deben fallar aún contra sus preferencias políticas o ideológicas si es necesario. Resulta absurdo, desde este punto de vista, postular la existencia de jueces "legítimos" o "ilegítimos" según se orienten en una dirección política determinada o no.

La grieta social ha llegado al Poder Judicial. Es algo dramático, que debe terminar porque es una malversación de la función jurisdiccional.

Han trascendido negociaciones entre algunos magistrados federales y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, destinadas a garantizar la impunidad de la presidente de la Nación y sus allegados. La sola existencia de esas negociaciones, al margen del resultado que obtengan, es incompatible con los más elementales principios de un Estado Constitucional de Derecho.

De los arduos y múltiples desafíos de la etapa que comenzará el 10 de diciembre, la restauración de la confianza en la justicia federal acaso sea el más acuciante.

Viernes 27 de marzo de 2015

Dr. Jorge R. Enríquez
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
twitter: @enriquezjorge

Iniciar sesión