La democracia no se imputa; los funcionarios, si

Por Jorge R. Enríquez

La reacción del gobierno nacional frente a la marcha del 18F fue la esperada, pero todavía peor.

No se trató solamente de los habituales voceros oficiosos que, al estilo de Luis D´Elía, dicen lo que las máximas autoridades piensan pero creen imprudente declarar. Esta vez, fue la propia presidente la que arremetió sin medidas tintas contra quienes asistieron a la marcha.

En un extenso texto publicado en su cuenta de la red social Facebook, la señora de Kirchner sostuvo que la multitudinaria manifestación había sido "el bautismo de fuego del Partido Judicial". Retomó también el argumento ya usado por algunos de sus acólitos, según el cual sería insólito que los fiscales pidieran justicia, cuando su función es procurar lograrla.

Por supuesto, tales comentarios son falaces. Los fiscales no convocaron a la marcha con el propósito de reclamar justicia, sino con el de honrar a un colega muerto en el cumplimiento de su deber. Otros ciudadanos sí formularon ese reclamo, legítimamente.

En cuanto al supuesto Partido Judicial, es una patraña de la más baja estofa. Es precisamente el kirchnerismo el que politizó a la justicia. No solo con esa absurda idea de que todo es político, sino en términos más concretos organizando una suerte de partido K dentro de la justicia argentina, llamada "Justicia Legítima".

Nada tiene que ver una marcha de ciudadanos de las más diversas extracciones, convocada en torno a un suceso trágico que enluta al país, con un Partido Judicial. Justamente ese reclamo generalizado de justicia exige, entre otras cosas, que el gobierno desactive esa subordinación sectaria de los magistrados.

Otro disparate es la consigna con la que el gobierno está convocando a sus partidarios a una manifestación el 1° de marzo: "La democracia no se imputa".  La frase es tremendamente reveladora: indica que Cristina Kirchner se cree la encarnación misma de la democracia.

Claro que la democracia no se imputa penalmente. Lo que se imputan son personas, como ella lo es.

El concepto es preconstitucional y remite al viejo aforismo de la monarquía británica: "The king can do no wrong" (el rey no puede equivocarse). En el Estado de Derecho, en cambio, el Estado y los funcionarios que lo integran se subordinan como cualquier persona al derecho.

¿Qué pretenden? ¿Estar al margen de la ley?

Sin duda, pero pocas veces lo habían dicho con tan brutal claridad.

Viernes 27 de febrero de 2015

Dr. Jorge R. Enríquez
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